El pasado 18 de diciembre de 2024, el Congreso Nacional aprobó y despachó a ley el proyecto de reajuste general para los trabajadores del sector público, marcando un avance significativo en la mejora de sus condiciones laborales. Este reajuste, acordado previamente en la Mesa del Sector Público con la participación de gremios, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, beneficiará a más de 930.000 funcionarios públicos.
El reajuste salarial total será del 4,9% y se implementará en tres etapas. En diciembre de 2024, los funcionarios recibirán un incremento del 3%, seguido de un 1,2% en enero de 2025, para finalizar con un aumento adicional del 0,64% en junio del mismo año. Este ajuste tiene como objetivo aliviar las presiones económicas de los trabajadores y avanzar en la equidad dentro del sector.
Además de los incrementos salariales, el proyecto establece la continuidad de beneficios como los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, bonos de escolaridad y vacaciones, que serán reajustados según el IPC y protegidos como derechos permanentes. Estas medidas refuerzan el compromiso de las autoridades y los gremios con el bienestar de los funcionarios públicos.
Otro aspecto destacado es la implementación de un incentivo al retiro de carácter permanente, que contará con cupos para el periodo 2026-2035. Adicionalmente, se fijó un periodo especial en 2026 para trabajadores de entre 65 y 75 años que deseen acogerse a este beneficio, así como un límite de edad para el servicio público de 75 años, que se implementará a partir de 2027.
Con la aprobación legislativa, el proyecto ahora deberá ser promulgado como ley por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial. Una vez cumplidos estos pasos, los reajustes comenzarán a implementarse a partir de diciembre de 2024.
Este logro representa un importante avance para los trabajadores del sector público, quienes contarán con mejores condiciones laborales y beneficios garantizados. La aprobación de este proyecto refleja el compromiso de las autoridades y los gremios por alcanzar acuerdos que beneficien a todos los funcionarios, fortaleciendo la estabilidad y el desarrollo del sector público en Chile.